La Comisión de Política de Cohesión Territorial del Comité de las Regiones se reunirá el próximo 26 de septiembre en Bruselas para analizar el documento ‘Desarrollo Local Participativo’, elaborado por el ponente Graham Garvie.

El documento insta a los Estados miembros y a la Comisión a garantizar que existe una masa crítica de población mínima en el territorio gestionado por los grupos de acción local (GAL) de entre 10.000 y 150.000 habitantes; y un importe financiero suficiente para la ejecución de la estrategia de Desarrollo Local Participativo de entre dos y diez millones de euros por cada grupo para los siete años de periodo de programación.

Por otro lado, hace hincapié en que los grupos de acción local deben poder beneficiarse del 10% de la tasa de cofinanciación adicional, con independencia de los objetivos temáticos que aborden.

El documento valora muy favorablemente el trabajo de los grupos, que -asegura- facilitan la ejecución de proyectos innovadores que de otro modo no estarían cubiertos en los programas operativos. De hecho, destaca que el principal valor añadido de los GAL es que, debido a su diversidad de conocimientos, pueden trabajar directamente con los beneficiarios.

El ponente recuerda que «el valor añadido del Desarrollo Local Participativo es, precisamente, la participación de la comunidad local y el vínculo entre las herramientas existentes, tales como LEADER y el Eje 4 del Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP) con los fondos estructurales.

El documento reseña que en muchos lugares de Europa, el éxito del Desarrollo Local Participativo deriva de las asociaciones locales financiadas con FEADER (grupos de acción local) o con FEMP. Además, explica que en muchos casos ha sido probada la cooperación entre grupos acogidos por ambos reglamentos, hasta tal punto que ambos fondos pueden gestionarse por una sola organización del territorio.

Se pide explícitamente que la toma de decisiones en los grupos de acción local sea firme y claramente definida desde el principio, para que la autoridad local, como institución pública responsable en la colaboración local, sea capaz de dirigir la estrategia global, garantizando al mismo tiempo la independencia del grupo de acción local.

Sugiere de esta manera que la estrategia de Desarrollo Local Participativo se pueda organizar de tal manera que la delegación de responsabilidades a los GAL por parte de una autoridad de gestión  se pueda hacer de una forma proporcional que refleje la capacidad real del grupo y la necesidad de ser inclusivo, transparente y responsable.

El Comité de las Regiones pide en este borrador que la Comisión Europea analice las conclusiones del Tribunal de Cuentas y de otros informes y evaluaciones para asegurar las lecciones aprendidas en LEADER y en URBANCT de cara a consolidar un modelo más sólido de Desarrollo Local Participativo.

Solicita, siempre que sea posible, el establecimiento de una ventanilla entre los fondos de cara a la simplificación de requisitos y procedimientos administrativos, con la utilización de medios electrónicos.

Recuerda que la UE el los Estados miembros deben abstenerse de imponer medidas de arriba debajo de cara a facilitar soluciones locales a problemas locales.

En otro sentido, e Comité de las Regiones indica la incongruencia de que LEADER disponga de un 5% del FEADER, algo que no pasas en otros fondos a través de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. Se pide, por tanto que esa cantidad mínima se aplique a otros fondos integrados el la estrategia.

Además, considera que la dispersión actual de desarrollo local en los programas debe ser orientada a aumentar la visibilidad, la rendición de cuentas, el valor demostrativo, el aprendizaje mutuo y la transferencia de conocimiento, en particular en lo que respecta a los resultados.

Entre los miembros de la Comisión de Política de Cohesión Territorial está los presidentes de varias comunidades autónomas españolas: Alberto Fabra (Valencia),  Javier Fernández (Asturias), José Antonio Griñán (Andalucía), Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Paulino Rivero (Canarias).

Una vez aprobado el documento por la Comisión, pasará a Pleno, donde previsiblemente será aprobado en la sesión del 29-30 de noviembre.

En la Comisión del próximo 26 de septiembre, también debatirá otros documentos, como el ‘Código de conducta del partenariado en la implementación de los fondos del Marco Estratégico Común’ o ‘Las regiones ultraperiféricas a la luz de la estrategia Europa 2020′.